Raymond Torres y María Jesús Fernández, en el documento “La economía española en 2017 y perspectivas para 2018”, publicado por Funcas, hacen un repaso a los principales indicadores macro del pasado año, al tiempo que perfilan sus previsiones para 2018, y enumeran los riesgos que podrían poner en cuestión esos objetivos.

Un capítulo interesante es el de la abultada deuda pública y su financiación, un coste desorbitado para las administraciones que, sin embargo, han tenido la ayuda del gobernador del BCE.

La política monetaria ultraexpansiva ha facilitado, sin duda, la financiación de la deuda pública. Con los tipos de interés que prevalecían en 2012, antes del inicio del programa de compra de títulos de deuda por el BCE, las administraciones hubieran tenido que pagar 16.658 millones más en concepto de intereses en 2017. El resultado, añade Funcas, es que los esfuerzos de reducción del déficit se hubieran anulado: “con los tipos de interés de 2012, el déficit público se situaría en el 4,6% en 2017, una décima más que en 2016.” Y lejos del objetivo marcado por Bruselas del 3,1%.

Sin embargo, es poco probable que los tipos de interés retomen a los niveles alcanzados en 2012. No obstante, la normalización anunciada de las condiciones monetarias conllevará un encarecimiento de la financiación de la deuda pública y, a falta de una estrategia de reducción a largo plazo de la deuda, aumentará el riego crediticio para el país.

En la tabla adjunta se puede observar cómo han ido evolucionando los tipos de interés de las subastas del Tesoro desde el año señalado hasta la actualidad. En 2012, el Tesoro colocó bonos a diez años a un tipo marginal medio del 5,32%. En 2017, ese interés medio de las subastas ha sido del 1,49%.

PREVISIONES Y RIESGOS PARA 2018

En 2018, según los autores, la economía crecerá un 2,6%, un ritmo elevado pero inferior al de los tres años anteriores. Esta recuperación tampoco provocará más inflación. El deflactor del consumo privado se incrementará un 1,6%, por debajo del objetivo que el BCE considera como compatible con la estabilidad de precios.

Se prevé la creación de más de 400.000 empleos. La tasa de paro podría reducirse hasta el 15,1% en media anual. Se prevé un aumento de la reumuneración media por asalariado del 1%, inferior a la inflación. El déficit público también se reducirá, hasta el 2,2% del PIB, fruto de una evolución moderada del gasto público y del aumento de la recaudación. La previsible salida del procedimiento europeo de déficit excesivo, debería reflejarse en la calificación internacional de la deuda. Pese a todo, la deuda pública y el mercado laboral se mantendrán como los principales desafíos a los que se enfrenta la economía.

Las previsiones se han realizado bajo tres supuestos principales. En primer lugar, como ya se ha mencionado, el entorno internacional seguirá siendo favorable.

En segundo lugar, la combinación de políticas macroeconómicas (política monetaria de corte expansionista y política fiscal neutra) se mantendría.

Finalmente, las previsiones suponen una normalización progresiva de la situación en Cataluña. Esto significa que la economía catalana retornaría a su senda de crecimiento anterior a la crisis a partir del segundo trimestre. Para el conjunto de 2018, el conflicto habría restado entre dos y tres décimas de crecimiento a la economía española.

Existen riesgos al alza, como el del crecimiento económico mundial que ha sido superior al esperado. La eurozona, que acapara cerca del 60% de las exportaciones españolas se muestra especialmente dinámica, lo que podría añadir alguna décima de crecimiento a la economía española.

Pero también hay riesgos adversos. La inestabilidad en Oriente Medio y las tensiones entre Arabia Saudí e Irán podrían provocar un encarecimiento adicional del petróleo, con importantes repercusiones sobre la economía española. En el plano interno, la principal incógnita es la crisis política en Cataluña. De prolongarse, podría provocar un debilitamiento de la economía de esa comunidad más pronunciado de lo previsto. Esta situación reduciría el margen de maniobra para emprender nuevas reformas y conllevaría mayor vulnerabilidad ante posibles choques, como una rápida retirada de estímulos del BCE.